Propone diputado Julio Huerta Ley de Austeridad Republicana para Puebla 

 

– Congreso recibe iniciativas en materia de procuración de justicia, igualdad de género y derechos humanos 

Con la finalidad de garantizar el uso eficiente, eficaz, económico, honesto, transparente y responsable de los recursos públicos, sin menoscabo de la calidad, funcionalidad y valor público de los bienes y servicios que se contraten, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana para el Estado Libre y Soberano de Puebla y sus Municipios.

De acuerdo con la propuesta legislativa del diputado, la austeridad republicana no implica la adquisición de bienes o servicios de menor calidad, ni la selección automática de la opción más barata, sino la obligación de evitar gastos de lujo, dispendio o privilegio.

Además, priorizar bienes y servicios que ofrezcan mejor desempeño, durabilidad, eficiencia y costo–beneficio, seleccionar proveedores bajo criterios de calidad, eficiencia, precio justo y transparencia, así como asegurar que cada gasto genere el máximo valor social posible. 

Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de indicar que el Estado garantizará que, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar que involucren la salida del territorio nacional, el traslado o la movilidad interna e internacional de niñas, niños y adolescentes, se privilegie en todo momento su interés superior, su derecho a la vida familiar, a la identidad y a la libertad de tránsito.

La ley establecerá mecanismos ágiles, accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, para que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia, frente al abandono o al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, de alimentos o de convivencia por parte del otro progenitor, pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad, sujetas a control judicial, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa mediante la cual se modifica el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para establecer como atribución de la Secretaría de Arte y Cultura el fomentar, privilegiar y garantizar la participación del talento artístico y musical local, individual o colectivo, mediante su promoción y contratación en eventos públicos, festividades, ferias, actividades culturales y actos sociales organizados por el Estado o en coordinación con los municipios. 

Las propuestas de los diputados Julio Huerta y José Luis Figueroa, así como la de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

En tanto, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 380 del Código Penal del Estado, con la finalidad de elevar hasta en una mitad las penas por el delito de robo cuando una persona que preste sus servicios en instituciones bancarias, financieras, de crédito, de recaudación, de envío, custodia o manejo de caudales, activos financieros o datos sensibles de las personas usuarias, proporcione, filtre, transmita, utilice o permita el acceso a información obtenida con motivo de su empleo o función, con el fin de facilitar la comisión de un hurto.  

Asimismo, el diputado presentó una iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 2222 del Código Civil, a fin de establecer que una donación puede ser revocada por ingratitud cuando el donatario incumpla cargas de carácter no patrimonial impuestas en la donación, siempre que dicho incumplimiento menoscabe la dignidad, el bienestar o las condiciones de vida del donante. 

Ambas propuestas del legislador fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis. 

 

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