La propuesta busca sancionar no solo el robo directo, sino también el desmantelamiento, almacenamiento, comercialización y distribución de autopartes obtenidas de forma ilícita.
Las penas irían de 4 a 10 años de prisión, además de multas económicas, y se incrementarían cuando el delito se cometa en grupo, con violencia, en estacionamientos o con el uso de herramientas tecnológicas para inhibir alarmas.
Con esta iniciativa se pretende cerrar vacíos legales y garantizar que quienes participan en estas actividades enfrenten consecuencias reales.
El objetivo es proteger el patrimonio de las familias poblanas y frenar una práctica que afecta la seguridad y economía de miles de ciudadanos.